Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense recibió la iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad para imponer hasta cinco años y medio de prisión por el delito de usurpación o robo de identidad, además de agravar hasta en una mitad las penas por fraude cuando una persona, por sí misma o a través de otra, utilice información, imágenes, o documentos de otra persona obtenidos mediante la manipulación de medios electrónicos o la intercepción de datos.
La iniciativa se fundamenta en que la proliferación de perfiles falsos en medios digitales de personas y de instituciones públicas facilitan la comisión de diversos delitos, además de que la pandemia ha modificado las formas de convivencia y ahora se hace en gran medida a través de dichos medios, por lo que se busca proteger a usuarios y consumidores.
Durante la sesión ordinaria, el Pleno recibió la propuesta de reforma a la Ley de Educación de la entidad para establecer que niños de comunidades culturales indígenas tengan derecho pleno a la protección, la supervivencia y el desarrollo compatibles con sus costumbres y tradiciones, así como para que la autoridad educativa estatal acredite programas educativos indígenas, informales pero funcionales, conducidos por organizaciones no gubernamentales en sus comunidades.
La propuesta indica que la discriminación étnica y cultural a la que adolescentes y niños indígenas se enfrentan es un obstáculo para conseguir la igualdad de acceso a la educación, causando un bajo rendimiento escolar y deserción, además, cuando escolares indígenas se ven expuestos solamente a la ideología nacional están en peligro de perder parte de su identidad.
Los legisladores también recibieron la iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, para incluir el estatus de vulnerabilidad a causa de pandemia o crisis de salud, y así garantizar el diseño, establecimiento y ejecución de programas, acciones y servicios de asistencia social para atender a la población en riesgo durante epidemias, pandemias y emergencias sanitarias.
También busca que los sistemas DIF locales, en coordinación con el DIF estatal, implementen acciones para que los grupos vulnerables no enfrenten situaciones de riesgo, discriminación o carencias, durante las epidemias, pandemias y emergencias sanitarias.
